– Una reforma en la que creo que sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses (los llamados lobbies), con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites. Con estas palabras el presidente Rajoy ha dado hoy carta de naturaleza a una petición reivindicada por los profesionales que se dedican a esta actividad de una forma legítima y transparente.

 

Cansados de contar con una competencia desleal formada por los comisionistas o clientelistas, los profesionales lobistas –es decir, aquellos que presentan con estrategia y claridad quiénes son y qué intereses defienden-, han encontrado eco en el Gobierno para que se reconozca su función específica en el poder legislativo.

¿Por qué organismos como la OCDE o la Unión Europea promueven un marco de regulación apropiado? Porque es un cauce que incrementa la participación de la sociedad civil (asociaciones, ONGs, think tanks, empresas, fundaciones) en las decisiones públicas y favorece la transparencia y el control de las decisiones públicas. Es bueno en una democracia que todos sepamos quiénes han participado y cómo en la elaboración de las leyes.

Esta participación e influencia de diversos sectores de la sociedad no exime de ninguna responsabilidad al legislador: es él y sólo él quien tiene la misión de velar por el interés general a la hora de negociar y aprobar una ley.

A modo de reflexión, y para todo aquel necesitado de propuestas propias o ajenas, sugiero cuatro puntos a la hora de afrontar la norma que regule a los grupos de interés.

 

 Analizar las experiencias de otros países y no hacer un “copiar y pegar

Hay que aprovechar que estamos en la globalización de la regulación del lobby, y que nos han precedido muchos países en las normas. Merece la pena analizar los éxitos y fracasos de la regulación. No sólo podemos mirar a Estados Unidos, sino a países como Canadá, Francia, Austria o Polonia.

Hay varios países que han fracasado en la regulación del lobby, y ello se ha debido en buena parte por haber copiado la reglamentación de otros países sin tener en cuenta que la regulación depende también de la historia democrática, de la idiosincrasia y sistema constitucional.

Todas las regulaciones de los lobbies han nacido de la demanda de transparencia, integridad y eficacia en los procesos de decisión pública. Las normas deben satisfacer estos tres elementos.

  • Transparencia:  Los ciudadanos tienen el derecho de conocer o tener acceso a los procesos que han guiado las decisiones públicas. En el caso de la regulación del lobby, las normas hacen referencia a que los ciudadanos tengan acceso a la información y conozcan quiénes están haciendo lobby legítimo y quiénes atienden esos intereses.

 

  • Integridad entendida como la honestidad que se demanda al Poder Público para que trabajen por el interés general y traten a todos los grupos de interés por igual, donde el criterio de atención sea la capacidad de representación y no la capacidad económica o mediática.

La transparencia hace hincapié en los procesos de decisión, la integridad se refiere a las personas. Se les pide que no se dejen influir a cambio de favores, regalos o remuneración económica de los grupos de presión. Y a los grupos de presión, que no sucumban ante aquellos que ostentan el Poder Público en favor propio y exigen contraprestaciones ajenas a la sociedad.

  • Eficacia que consiste, entre otras cosas, en que los procesos de aprobación de las decisiones públicas estén informados, atiendan y analicen todos los intereses afectados, y se incluyan las medidas necesarias para su cumplimiento. Tal como dice la OCDE, la actividad de los grupos de presión puede mejorar la toma de decisiones, proporcionando valiosa información y datos.

 

3º Es necesario determinar el alcance del objeto la ley o reglamentación.

No nos engañemos, si buscamos favorecer la transparencia en todas las instituciones, regular el lobby en las Cortes sería insuficiente, pues una buena parte de las iniciativas legislativas y de las políticas públicas se negocian en el Poder Ejecutivo (Ministerios, gobiernos autonómicos, empresas públicas) o en el seno de los partidos políticos mayoritarios.

En este caso, si sólo se quiere controlar la relación de diputados y senadores y los grupos de interés, efectivamente el marco son las Cortes Generales.

4º El fin del Registro de los grupos de interés no puede ser el controlar la influencia de los grupos de interés, sino facilitar la participación.

El registro ha fracasado cuando se ha pretendido que ejerza como herramienta de control. ¿Por qué? Simplemente porque por el registro no van a pasar ni los CEOs de las grandes compañías, ni los embajadores de los países, ni los presidentes de las asociaciones empresariales, pues todos ellos ejercerán su legítimo derecho a influir a través del teléfono, el correo electrónico o una simple comida. En el registro sólo se inscriben aquellos que necesitamos que se nos reconozca el derecho de representar intereses, los profesionales, que representamos intereses propios o de terceros, pero no contamos con la facilidad de otros cauces legítimos, pero más complejos y de difícil acceso.

Comments are closed.